Navegando por la coalición española: qué exigen Sumar, Junts y ERC a Pedro Sánchez

Por: Enrique Opi Tufet, líder de InFluCat y asesor senior en turismo.

.

Como dice el refrán, «los mares tranquilos no hacen buenos marineros«, y el actual clima político turbulento en España está poniendo a prueba la resiliencia, la habilidad y la capacidad de adaptación de sus líderes como nunca antes. El complejo equilibrio de poder, las demandas regionales y las alianzas frágiles pueden resultar inquietantes, pero también ofrecen una oportunidad excepcional para avanzar hacia reformas más profundas y una gobernanza más pluralista, siempre que quienes están al mando estén preparados para afrontar la tormenta con claridad y valentía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta una creciente presión desde dentro de su propia coalición, tanto en Madrid como en Cataluña. Mientras trata de gestionar las exigencias de sus principales socios —Sumar, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya— su capacidad para mantener la estabilidad política se pone a prueba constantemente. Si bien hay otras presiones relevantes, especialmente desde partidos del País Vasco, este artículo se centra específicamente en los desafíos y negociaciones que Sánchez enfrenta con sus aliados de coalición en Madrid y Cataluña.

Sumar: las demandas sociales e institucionales de la izquierda progresista

Sumar, liderado por Yolanda Díaz, es la fuerza progresista de la coalición, centrada en la justicia social y la reforma institucional:

• Iniciativas Anticorrupción. Sumar propone medidas contundentes como la expropiación de bienes de actores corruptos, prohibiciones prolongadas para que empresas condenadas accedan a contratos públicos y la creación de una agencia anticorrupción independiente con capacidad investigadora.

• Ampliación de Políticas Sociales. Impulsan reformas más ambiciosas en vivienda y cuidados, y se oponen al aumento del gasto militar, defendiendo en su lugar una mayor inversión en programas sociales.

• Narrativa de Progreso. Sumar busca contrarrestar la desafección política promoviendo una visión clara y progresista del futuro de España.

Medidas clave anticorrupción propuestas por Sumar.

• Creación de una Agencia Anticorrupción Independiente, con poderes sancionadores y capacidad para colaborar con la Fiscalía y recibir denuncias anónimas.

• Creación de una Oficina Antifraude/Anticorrupción en el Congreso. Desde Sumar promueven una proposición de ley en el Congreso para institucionalizar una oficina de estilo ‘Defensor del Pueblo’ dedicada a la prevención del fraude, siguiendo las recomendaciones del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción).

• Endurecimiento del Marco Legal, incluyendo:
  • Prohibición de que las empresas condenadas por corrupción participen en contratos públicos por hasta 20 años.
  • Tipificación como delito del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
  • Ampliación de las inhabilitaciones para que personas condenadas puedan ejercer cargos públicos, hasta por 30 años.
  • Prohibición de indultos en casos de corrupción.

• Confiscación de Bienes y Responsabilidad Corporativa. Mecanismos para expropiar activos derivados de la corrupción y responsabilizar a las empresas involucradas.
  
  

Tramitación Urgente. Las medidas forman parte de un paquete legislativo que incluye 24 iniciativas anticorrupción y 8 leyes sociales que Sumar quiere aprobar antes del receso parlamentario de agosto.

Junts: nacionalismo catalán y cumplimiento de pactos

Junts, que representa los intereses independentistas catalanes, utiliza su influencia parlamentaria para lograr avances regionales:

Autonomía Fiscal. Demandan el control total de los ingresos fiscales de Cataluña, señalando una falta de confianza en el Gobierno central.

Gobernanza por consenso. Junts exige consenso previo en decisiones clave y amenaza con mociones de confianza si no se respetan los acuerdos.

Seguridad. Junts también ha exigido recientemente de forma explícita la transferencia completa de competencias en materia de seguridad, incluyendo:

• Control del Aeropuerto de El Prat y otras infraestructuras.
• Gestión fronteriza, aduanas y migración.
• Ampliación de competencias de los Mossos d’Esquadra, incluyendo algunas de las que ya se encargan la Guardia Civil o Policía Nacional.

ERC también respalda estas demandas, aunque tiende a enmarcarlas dentro de objetivos más amplios de descentralización administrativa y mejora de la eficiencia de los servicios públicos, más que como cuestiones de soberanía. Estas reivindicaciones no son nuevas; se remontan a negociaciones previas sobre el Estatuto de Autonomía y cobraron nuevo protagonismo durante las conversaciones de investidura a finales de 2023.

Sin embargo, el énfasis en la soberanía fiscal y la Ley de Amnistía ha eclipsado las cuestiones de seguridad, aunque el control del aeropuerto, la política migratoria y la plena autoridad de los Mossos siguen siendo objetivos a medio plazo, especialmente en la hoja de ruta de Junts.

Ya ha habido algunas concesiones parciales, como:

• Ampliación de competencias de los Mossos en orden público y ciberseguridad..
• Diálogo sobre modelos de gestión dual para infraestructuras (por ejemplo, asociaciones entre AENA y el Gobierno Catalán).

ERC: independencia pragmática y foco en la negociación

Diálogo estructurado. ERC reclama una mesa de negociación formal entre los gobiernos español y catalán, sin condiciones previas, con un calendario definido y garantías claras. Defiende que esta “mesa de negociación” cuente con agendas establecidas, cronogramas concretos y garantías bilaterales.

Amnistía y referéndum. El partido insiste en la necesidad de una amnistía para los implicados en los hechos de 2017 y en el reconocimiento del derecho a un referéndum de autodeterminación. Al igual que Junts, ERC defiende que tanto la amnistía como un referéndum vinculante de autodeterminación son pilares fundamentales del acuerdo de investidura.

Régimen fiscal y ferrocarriles. ERC exige mejoras en la financiación de Cataluña, incluyendo un régimen fiscal propio con una agencia específica y la transferencia de competencias como el control de los servicios ferroviarios regionales (Rodalies).

Reconocimiento y respeto. El partido busca el reconocimiento de la realidad política catalana y el respeto hacia sus dirigentes, algunos de los cuales siguen en prisión o en el exilio. ERC reclama al Gobierno español un reconocimiento político claro, con un énfasis especial en el respeto y la protección de los líderes catalanes aún detenidos o exiliados.

Estatus oficial del catalán en la UE. ERC defiende firmemente que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la Unión Europea. Esta demanda formó parte de las negociaciones de investidura y, aunque los avances han sido lentos, ERC continúa presionando al Gobierno español para que impulse activamente este reconocimiento formal en Bruselas, considerándolo una cuestión de dignidad cultural e igualdad europea.

Derechos lingüísticos y educación. ERC sigue abogando por la plena protección del catalán en las escuelas y los medios de comunicación, oponiéndose a cualquier intento del Gobierno central o de los tribunales de imponer cuotas de castellano en el sistema educativo catalán. Enmarcan esta defensa como una protección del modelo de inmersión lingüística y de la soberanía cultural.

En conclusión, ERC equilibra su postura independentista con una estrategia de compromiso pragmática.

El papel del PSC: los socialistas en Cataluña

El PSC, liderado por Salvador Illa, desempeña un papel crucial como mediador entre el Gobierno español y el bloque independentista catalán. Apoyando la ley de amnistía y ciertas reformas fiscales, el partido insiste en que estas deben llevarse a cabo dentro del marco de la legalidad constitucional, con el objetivo de garantizar una gobernabilidad estable y un equilibrio económico.

El PSC se ha convertido en un actor central no solo en el proceso de investidura a nivel nacional —alineado con el PSOE—, sino también en la configuración del futuro gobierno catalán. Firmó junto con ERC el preacuerdo para respaldar la elección de Illa como presidente de la Generalitat, que incluye compromisos hacia un “concierto económico” y una mayor soberanía fiscal para Cataluña.

Posicionándose como una fuerza moderada y confiable, el PSC trabaja para conciliar las demandas de los partidos nacionalistas con las prioridades del gobierno central. Ofrece una flexibilidad mesurada en temas sensibles como la amnistía, al tiempo que mantiene su compromiso con la estabilidad legal e institucional. Así, busca contrarrestar la polarización política y facilitar un consenso más amplio a través de las divisiones ideológicas.

InFluence Spain: perspectiva de una consultora parte de una red internacional

Desde la perspectiva de una red internacional de consultoría, la dinámica de la coalición en España refleja los desafíos que se encuentran en otras democracias multipartidistas a nivel mundial:

Gestión de la coalición. Un gobierno eficaz requiere equilibrar diversos intereses ideológicos y regionales, siendo el apoyo de cada partido condicionado a avances visibles en sus demandas principales.

Compensaciones políticas. El gobierno debe equilibrar el avance de reformas sociales progresistas con la atención a la autonomía regional, lo que a menudo requiere realizar complejas compensaciones.

Estabilidad política. El riesgo de fragmentación de la coalición es alto, con la posibilidad de mociones de censura o elecciones anticipadas si no se satisfacen las demandas.

Comunicación estratégica. Mantener la coalición depende de una negociación transparente, la construcción de confianza y la capacidad de crear una narrativa unificadora que atienda tanto las aspiraciones nacionales como regionales.

Más allá de las demandas principales de amnistía, un referéndum de autodeterminación, soberanía fiscal y control sobre Rodalies, ERC también presiona a Pedro Sánchez en una serie de cuestiones estructurales y simbólicas. Estas incluyen la obtención del estatus de idioma oficial de la UE para el catalán, el aumento de la inversión estatal en Cataluña, la reforma del sistema judicial, el fin de lo que denominan “lawfare” contra los líderes independentistas, y el fortalecimiento de los derechos del catalán en la educación y la vida pública. De manera crucial, muchas de estas demandas implican una redefinición de las competencias centrales del Estado español —especialmente en materia de política fiscal, justicia y soberanía nacional— y, en última instancia, requerirían una reforma constitucional. ERC es plenamente consciente de esto y presenta estas solicitudes como parte de una hoja de ruta gradual pero decidida hacia un nuevo marco político para Cataluña dentro —o potencialmente fuera— del orden constitucional español.

El momento político actual de España pone de manifiesto las complejidades del gobierno de coalición en un sistema parlamentario fragmentado, donde la negociación, el compromiso y la previsión estratégica son esenciales para la estabilidad y el progreso.

.

Para más información, síguenos en nuestros perfiles de X y LinkedIn.